Tras un estudio, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género emitió un dictamen favorable para implementar una reforma a los artículos 32 y 34 del Código Procesal Penal, con el objetivo de que los plazos judiciales de los delitos de feminicidios y feminicidio agravado no caduquen.
Además, los legisladores avalaron incorporar el artículo 58-A a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), con el fin de reforzar la no caducidad de este tipo de hechos cometidos en contra del sector femenino y para que no queden en la impunidad. Dichas iniciativas serán presentadas ante el resto de diputados, en la próxima sesión plenaria ordinaria.
“Estamos reformando algunos artículos para robustecer la LEIV y en su momento podríamos presentar una nueva ley o más modificaciones al marco normativo”, argumentó la legisladora Alexia Rivas, presidenta de esa mesa de trabajo.
Antes de la aprobación del documento, los parlamentarios recibieron a la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Chicas, quien consideró que una vez sean admitidas estas modificaciones El Salvador ingresaría a la vanguardia de la imprescriptibilidad de dichos delitos.
“La no prescripción consiste en que nunca se pierde el derecho del ejercicio de la acción penal. Está regulación está vigente en otros países de Latinoamérica como México, Perú, Bolivia y Brasil”, comentó la magistrada. “Hay diversas razones de peso jurídica para estas reformas y de ser así nos estaremos poniendo a la par de los estándares internacionales”, agregó.
“Venimos de una historia en donde las mujeres han sufrido crímenes impunes, el tiempo pasó en el que ese sector no se le hacía justicia, pero uno no puede venir al mundo y no transformar la realidad en la que uno vive”, comentó la diputada Marcela Pineda. “Se trata de modificar todas las leyes que le den seguridad jurídica a las mujeres”, añadió.
De acuerdo a los datos estadísticos de la CSJ, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), el feminicidio en su modalidad simple y agravada es un delito especial que se ha incrementado en el país.
“Este delito ataca la dignidad de una mujer y la esencia de sus derechos humanos por razones misóginas. Es indignante que, transcurrido algún tiempo, la víctima denuncie y le digan que ya no se puede hacer nada”, expresó Chicas.
Ante esto, el diputado Salvador Chacón, quien promovió estas reformas, dijo que: “El pueblo nos dejó en esta Asamblea para aprobar leyes aplicables, que se haga justicia y se respeten los derechos de las mujeres”.
