La declaratoria aprobada por los legisladores faculta a la Dirección de Protección Civil para utilizar todos los métodos que le brinda la ley para evacuar obligatoriamente a la población que está en riesgo, la cual deberá acatar las disposiciones de las autoridades.
Asimismo, dicha institución tendrá que gestionar con entidades públicas o privadas infraestructura que sirva como centro de acopio y albergue temporal para las personas afectadas.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas deberá hacer tareas de remoción de escombros y rehabilitación de infraestructura dañada por las lluvias.
La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los diferentes cuerpos de socorro deberán participar, ágil y oportunamente, en la evacuación de personas. Además, las instituciones de seguridad deberán garantizar la protección de los bienes de los damnificados.
