Con el objetivo de actualizar el marco legal que regula a los pequeños negocios y fortalecer su crecimiento, formalización y acceso a financiamiento, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de reformar la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.
Las modificaciones buscan impulsar medidas que favorezcan la creación y consolidación de las micro y pequeñas empresas (MYPE), consideradas un motor importante de la economía nacional.
Entre los cambios propuestos se encuentra una nueva clasificación de las empresas, según su nivel de ingresos y número de trabajadores, la creación de un Sistema de Representación y Consulta de las MYPE y la simplificación de trámites.
Antes de aprobar el dictamen, los parlamentarios escucharon la opinión técnica del presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, quien explicó que la iniciativa busca actualizar la ley para enfocarla en áreas prioritarias como la formalización empresarial y el desarrollo económico local.
Datos presentados por el funcionario indican que en el país existen alrededor de 990 empresas grandes, 2,830 medianas, 17,000 pequeñas y más de un millón de microempresas. De estas, unas 290,000 emplean entre cuatro y 10 personas y cerca de 840,000 tienen menos de cuatro trabajadores.
Agregó que las micro y pequeñas empresas representan el 99.6 % del tejido empresarial y el 89.5 % de los patronos formales activos en El Salvador.
Ante este panorama, Steiner destacó la importancia de las reformas al marco regulatorio.
Entre los principales cambios mencionó la actualización de los criterios que definen el tamaño de las micro y pequeñas empresas, ya que los incrementos al salario mínimo han dejado desfasada la clasificación vigente. Con la reforma, el límite para considerar a una microempresa se elevaría a 500 salarios mínimos en ingresos anuales, manteniendo un máximo de 10 trabajadores.
También destacó que con las enmiendas se busca proteger a las microempresas frente a prácticas que afectan su sostenibilidad, como los retrasos en los pagos. En ese sentido, explicó que las instituciones deberán cancelar bienes y servicios en un plazo máximo de 30 días, o de lo contrario deberán pagar intereses.
“Con esta reforma se le dan dientes a la ley para que se cumpla el pago oportuno. Si las instituciones siguen el procedimiento que establece Hacienda, no tendrán que pagar intereses; pero es importante garantizar que las microempresas reciban su dinero a tiempo, porque muchas quiebran cuando sus facturas no se pagan”, afirmó Steiner.
La reforma incorpora el principio de proporcionalidad en los trámites y costos administrativos, con el fin de evitar cargas económicas excesivas para los pequeños negocios, además de promover una mayor coordinación con las municipalidades para impulsar el desarrollo económico local.
Otro aspecto que contemplan las modificaciones es la simplificación de trámites, ya que la burocracia suele ser una de las principales razones por las que muchos emprendimientos no se formalizan.
El diputado William Soriano afirmó que El Salvador está experimentando un crecimiento que debió registrarse desde años atrás, pero que estuvo limitado, durante mucho tiempo, por la presencia de las pandillas y las extorsiones que afectaban a los pequeños negocios.
El legislador destacó que las decisiones que se toman desde la Asamblea Legislativa pueden transformar y definir el futuro del país, especialmente cuando se impulsan procesos de formación, establecimiento, fortalecimiento y expansión de los negocios, como el caso de las modificaciones a esta ley.
“Pasamos de 44,000 tiendas de colonia a más de 85,000 en pocos años. Los salvadoreños han perdido el miedo a emprender que durante mucho tiempo generaron las extorsiones de las pandillas. Además, ahora confían en que existen las condiciones adecuadas para abrir su propio negocio y sacar adelante a sus familias”, apuntó el diputado.
Contenido de las reformas
Las reformas establecen que una microempresa será aquella que tenga ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y un máximo de 10 empleados, mientras que las pequeñas empresas podrán tener ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos y hasta 50 trabajadores.
Además, las microempresas se subdividirían categorías de subsistencia, acumulación y expansión, con el objetivo de identificar con mayor precisión su nivel de desarrollo y diseñar políticas públicas más adecuadas para cada etapa.
En la categoría de subsistencia se ubicarían los negocios con ventas brutas anuales de hasta 57 salarios mínimos mensuales y con un máximo de dos trabajadores.
Las microempresas de acumulación serían aquellas con ventas superiores a 57 y hasta 300 salarios mínimos mensuales al año, que empleen entre tres y cuatro trabajadores.
En la categoría de expansión se incluirían las que registren ventas superiores a 300 y hasta 500 salarios mínimos mensuales anuales, con una plantilla de entre cinco y 10 trabajadores.
Sistema de Representación y Consulta de las MYPE
La iniciativa también propone la creación del Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, un mecanismo que permitirá coordinar acciones entre instituciones públicas, sector privado y actores territoriales para impulsar el desarrollo del sector.
Como parte de esta estructura, los gobiernos municipales deberán establecer Mesas Técnicas Representativas Locales, espacios de diálogo entre autoridades, empresarios y organizaciones vinculadas a las MYPE para promover proyectos y programas que dinamicen la economía local.
La implementación y supervisión de este sistema estaría a cargo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), mientras que el Ministerio de Economía actuaría como ente rector.
