A siete meses para que el expresidente Elías Antonio Saca salga del penal de Mariona, tras cumplir una condena de 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ha ordenado que 25 inmuebles y dinero de ocho cuentas bancarias, que totalizan $9.6 millones, pasen al Estado.
Saca fue capturado el 31 de octubre de 2016 y condenado en el 2018 en un procedimiento abreviado tras confesar los dos delitos y que junto a su grupo cercano de amigos se apropió de $301 millones. Los 10 años de prisión los cumplirá el 31 de octubre de 2026 y tendría que abandonar el penal el 1 de noviembre del presente año.
“Las investigaciones determinaron que Saca utilizó 7 sociedades fachada para desviar fondos públicos entre 2004 y 2009, para adquirir propiedades en zonas exclusivas de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente”, según la Fiscalía General de la República.
Entre los bienes que pasan al Estado están los inmuebles adquiridos por el exmandatario con fondos que fueron sustraídos de la Cuenta Institucional del Tesoro Público de Casa Presidencial, entre el 2004 y 2009.
Hay tres haciendas, una es de 400 manzanas, ubicada en El Cauca, El Rosario, en el departamento de La Paz.
La segunda hacienda es Lombardía, El Amate, en el mismo departamento, y la hacienda San Mauricio, en Tecoluca, San Vicente, pero el inmueble más caro es la mansión Saca, lugar de residencia del exmandatario hasta el día de su captura y está ubicada en la Finca Linda Vista del cantón El Carmen en la colonia Escalón.
Este proceso de extinción de dominio inició el 7 de agosto de 2018, cuando el ministerio público presentó la solicitud de ratificación de medidas cautelares consistentes en inmovilización de bienes para evitar que los fueran a traspasar o vender.
El voluminoso expediente llegó a la fase final con la sentencia estimatoria basada en el artículo 5 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los bienes de Origen o Destinación Ilícita que permite aplicar la normativa cuando los bienes provengan de o se destinen a actividades relacionadas o conexas al lavado de dinero y activos.
