Este día, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, continúa el juicio en contra de ocho personas acusadas de asesinar a María Inés Alvarenga Leiva en agosto de 1989, en el cantón Santa Marta, durante el conflicto armado salvadoreño.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó los alegatos finales del caso, solicitando que se imponga una pena ejemplar a los procesados, quienes son acusados de asesinato y asociaciones ilícitas.
De los ocho imputados, seis se encuentran presentes en el juicio, mientras que dos han sido declarados en rebeldía y están siendo procesados en ausencia, gracias a las reformas del Código Procesal Penal que permiten continuar los juicios sin la presencia de los acusados.
Los acusados en el proceso son Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda, y Arturo Serrano Ascencio. Los dos últimos, Sancho Castañeda y Serrano Ascencio, han sido declarados en rebeldía.
Según la FGR, Alvarenga Leiva fue asesinada bajo la acusación de ser informante del ejército, un crimen que tuvo lugar en el contexto de la guerra civil que desangró al país entre 1980 y 1992.
La Fiscalía sostiene que cuenta con pruebas periciales, documentales y testimoniales que vinculan a los procesados con el asesinato. El juicio se desarrolla en un momento en que las heridas del conflicto armado continúan abiertas, y las familias de las víctimas claman por justicia.
El cantón Santa Marta, donde ocurrieron los hechos, fue un escenario clave durante el conflicto, siendo un bastión de la guerrilla.
María Inés Alvarenga fue una de las muchas víctimas de la violencia de esa época. Su familia ha esperado más de 30 años para que se haga justicia, y hoy la FGR busca que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Este juicio es un reflejo de los esfuerzos por resolver crímenes de guerra no esclarecidos, en un país donde miles de casos similares aún esperan ser investigados. El conflicto armado dejó un saldo de más de 75,000 muertos y desaparecidos, y este proceso judicial marca un paso más en la búsqueda de verdad y reconciliación nacional.
