El exdirector del Instituto de Medicina Legal (IML), Miguel Fortín Magaña, señaló que durante el periodo 2009-2014 enfrentó presiones desde el Ejecutivo del entonces presidente Mauricio Funes para frenar la divulgación de las cifras reales de homicidios en el país. Según sus declaraciones, las tensiones surgieron cuando los datos reportados por el IML no coincidían con los que se manejaban de forma oficial.
Entre 2009 y 2014, El Salvador acumuló más de diecisiete mil homicidios. Los registros muestran cifras elevadas en 2009, 2010 y 2011; una caída abrupta en 2012 y 2013 —años vinculados al periodo de la llamada tregua entre pandillas— y un repunte significativo en 2014. Estas variaciones han sido objeto de cuestionamientos por parte de especialistas, quienes han señalado inconsistencias entre las estadísticas institucionales y los discursos gubernamentales de la época.
Fortín Magaña afirmó que estas discrepancias generaron intentos de removerlo del cargo. “Él (Mauricio Funes) quiso que me destituyeran porque los dos decíamos cosas diferentes sobre el número de muertos… mis cifras eran las reales”, aseguró. También explicó que recibió objeciones internas para evitar que continuara brindando información actualizada a la opinión pública, lo que, según dijo, derivó en comunicaciones directas desde altos funcionarios para bloquear la publicación de los informes.
El debate sobre la transparencia de las estadísticas de homicidios durante la gestión de Funes ha resurgido debido a investigaciones posteriores relacionadas con la tregua entre pandillas, así como a procesos judiciales que han documentado contactos entre funcionarios y estructuras criminales durante ese periodo. Las declaraciones de Fortín Magaña reabren el análisis sobre cómo se construyeron y comunicaron las cifras oficiales de violencia en esos años y su impacto en la percepción de seguridad.
