Como parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo y el bienestar de la población, El Salvador concretó un acuerdo de cooperación orientado a ampliar el acceso a la educación técnica vocacional y a la generación de oportunidades de empleabilidad para las personas retornadas o en riesgo de migrar de manera irregular, entre los 15 y 35 años, así como de sus familias.
Esta iniciativa se pondrá en marcha con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la cooperación financiera del Gobierno de Japón, y da continuidad a un plan de formación académica que estos actores vienen implementando desde el 2020, en atención a estos grupos y en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
En esta nueva etapa se ejecutarán acciones integrales con base en tres ejes estratégicos: el fortalecimiento institucional, la cooperación público-privada y la resiliencia económica de los participantes
Al respecto, se contempla la rehabilitación de infraestructura educativa y su equipamiento con tecnología de punta; la formación especializada del personal docente que atiende a jóvenes y adultos en modalidades de estudios flexibles; y la consolidación de alianzas del sector privado, para garantizar pasantías y una inserción laboral efectiva para las personas retornadas.
“Esta fase fortalecerá la articulación entre centros de formación, sector privado e instituciones públicas para responder a brechas educativas y laborales, y también para reducir los factores que impulsan la migración irregular. Esto implica acercar a las personas a habilidades útiles y a rutas de inserción económica”, indicó la jefa de misión de la OIM para El Salvador, Ana Medeiros, durante la firma del convenio.
En ese sentido, la iniciativa proyecta alinear la formación técnica con las necesidades del mercado laboral, incluyendo la realización de cursos y talleres, con vistas a que los estudiantes puedan acceder a empleos y oportunidades económicas acordes a su preparación y capacidades para el emprendimiento.
Este proyecto tendrá un alcance nacional y será implementado en los departamentos de Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Morazán y Usulután; que son zonas de desarrollo continuo en donde operan industrias estratégicas y de alto potencial de inserción laboral.
“Esta sinergia interinstitucional demuestra que cuando converge la experiencia, el compromiso y una visión compartida es posible generar iniciativas de alto impacto”, indicó la directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) de la Cancillería de la República, Karla de Palma, quien fue parte del acto de oficialización, junto con el viceministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Edgar Eliseo Alvarenga, y el embajador de Japón en el país, Sano Taketoshi.
El diplomático japonés resaltó que este proyecto, para el que han aportado un monto aproximado de $3 millones, reafirma la convicción de su país de que “la educación y la formación profesional son herramientas decisivas para abrir oportunidades, fortalecer comunidades y construir la sociedad más inclusiva”.
