El gobierno de Ecuador anunció el inicio de un operativo de seguridad conjunto con Estados Unidos dirigido a combatir organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. La operación, que comenzó a principios de marzo de 2026, incluye acciones coordinadas entre fuerzas militares y policiales de ambos países.
Las autoridades ecuatorianas informaron que el despliegue contempla operaciones en zonas consideradas estratégicas para el tráfico de drogas, incluyendo regiones cercanas a la frontera con Colombia y áreas de la Amazonía. Entre las acciones previstas se encuentran redadas contra campamentos de grupos armados, patrullajes en rutas utilizadas por redes de narcotráfico y operaciones de inteligencia para desmantelar estructuras criminales.
De acuerdo con el gobierno, la participación de Estados Unidos se centra principalmente en apoyo logístico, intercambio de información de inteligencia y entrenamiento especializado para fuerzas ecuatorianas. Las autoridades insistieron en que la cooperación se realiza en el marco de acuerdos bilaterales y que no implica una presencia militar permanente estadounidense en territorio ecuatoriano.
El operativo se produce en medio de una profunda crisis de seguridad en Ecuador, donde el aumento de la violencia y el fortalecimiento de bandas criminales han convertido al país en un punto clave para el tránsito de cocaína procedente de Colombia y Perú con destino a mercados internacionales.
Ante esta situación, el presidente Noboa ha impulsado una política de seguridad más estricta que incluye el despliegue de miles de militares en apoyo a la policía, la declaración de un conflicto armado interno contra organizaciones criminales y la aplicación de medidas excepcionales como toques de queda en algunas provincias.
El gobierno sostiene que la cooperación con Estados Unidos busca fortalecer la capacidad del país para enfrentar redes del narcotráfico que operan a escala internacional. No obstante, la estrategia también ha generado debate en sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de militarizar la seguridad y de ampliar la participación extranjera en operaciones internas.
