La Asamblea Legislativa reformó, con 59 votos, la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar $785,600 al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, con el fin de implementar un programa de empleabilidad, prevención de la violencia e inclusión social, dirigido a más de 74,000 jóvenes en situación de vulnerabilidad en distritos priorizados del departamento de San Salvador.
La iniciativa estará respaldada por un acuerdo financiero entre El Salvador y el Gobierno de la República Italiana, que forma parte del Programa de Prevención y Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo y en Conflicto con la Ley, ratificado, anteriormente, por los legisladores.
El proyecto está estructurado en cuatro líneas estratégicas de acción orientadas a brindar oportunidades integrales a jóvenes, de entre 15 y 30 años, que residen en comunidades vulnerables del departamento de San Salvador.
La primera línea está centrada en la formación técnica, mediante cursos especializados en oficios como panadería, electricidad, fontanería y producción artesanal, con el objetivo de dotar a los jóvenes de habilidades prácticas que aumenten sus posibilidades de inserción laboral.
En segundo lugar, se promoverá la cultura emprendedora a través de talleres diseñados para desarrollar capacidades en gestión de negocios, liderazgo y creatividad, fomentando así el autoempleo y la generación de iniciativas productivas.
Un tercer componente consiste en la realización de actividades comunitarias, entre ellas ferias, festivales, eventos deportivos y culturales, campañas de salud y espacios de convivencia que fortalezcan los lazos sociales y promuevan entornos seguros y saludables.
Finalmente, el programa incluye el fortalecimiento del apoyo psicológico, mediante la ampliación del acceso a servicios de atención emocional, con el fin de contribuir al bienestar mental y social de los beneficiarios.
Reasignación de fondos para instituciones del sector público
En la sesión plenaria, los diputados también aprobaron, con 57 votos, una reforma presupuestaria por $113.2 millones, con el objetivo de reasignar recursos a diferentes instituciones del sector público no financiero para cubrir compromisos prioritarios antes de finalizar el ejercicio fiscal 2025.
Esta reorientación de fondos proviene del Ramo de Hacienda y busca garantizar la continuidad de servicios esenciales, el cumplimiento de metas institucionales y la sostenibilidad fiscal del país.
La distribución aprobada de los recursos es la siguiente:
- Ministerio de Agricultura y Ganadería: $26 millones para reactivación del sector agropecuario y distribución de productos a precios accesibles.
- Ministerio de Seguridad Pública y Justicia: $17 millones para consolidar estrategias como el Plan Control Territorial y el Plan Cero Ocio.
- Presidencia de la República: $32 millones para ejecución de planes de desarrollo económico y social.
- Ministerio de Relaciones Exteriores: $10 millones para fortalecer el funcionamiento de las representaciones consulares.
- Fiscalía General de la República: $8 millones para mejorar capacidad operativa y habilitar el Centro Nacional de Corrupción.
- Ministerio de Economía: $6.5 millones para impulsar inversión extranjera y proyectos estratégicos.
- Ministerio de Cultura: $3.86 millones para revitalizar espacios culturales.
- Ministerio de Turismo: $2.65 millones para fortalecer la estrategia «Surf City El Salvador».
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: $2.5 millones para atención integral a la primera infancia.
- Ministerio de Obras Públicas y de Transporte: $2 millones para proyectos de infraestructura vial y social.
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: $500,000 para adaptación al cambio climático y gestión de recursos.
- Procuraduría General de la República: $2 millones para servicios de defensa pública.
- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $190,000 para fortalecer mecanismos de protección de derechos humanos.
