La diputada suplente de VAMOS, Cesia Rivas, reaccionó a la polémica generada cuando se reveló que su partido no recibía los mismos $14,000 mensuales que otras fracciones legislativas, sino $20,000. Ante las críticas, Rivas buscó desviar la responsabilidad y aseguró que fue la Junta Directiva quien asignó dichos fondos, y no la diputada Claudia Ortiz.
«Una cultura en VAMOS es la transparencia. Cuando nos piden información pública, la damos», dijo, pese a que fue la presión ciudadana —impulsada desde sectores que apoyan la gestión del Presidente Bukele— la que obligó a revelar el uso de los fondos.
«Sin duda, ellos quisieron hacer todo para que esto nos restara, para que esto afectara en temas de credibilidad», afirmó Rivas, sugiriendo que hubo una intención deliberada de dañar la imagen de Ortiz. No obstante, fue la propia divulgación del exceso presupuestario lo que generó malestar entre los ciudadanos, especialmente en un contexto donde la mayoría de partidos mantiene asignaciones más austeras.
Rivas admitió que hubo consecuencias internas, como despidos en su equipo. Sin embargo, intentó presentarlo como un logro en transparencia, a pesar de que la ciudadanía percibió una contradicción entre el discurso del partido y sus privilegios en la Asamblea.
«Nosotros ya hacíamos [rendición de cuentas] desde el día uno de 2021», dijo, aunque evitó explicar por qué no fue el propio partido quien reveló de forma proactiva la cifra.
La diputada también intentó desviar la atención señalando a otros legisladores de partidos minoritarios. «Incluso siguen muchos diputados sin dar a conocer quiénes son sus empleados», afirmó, sin mencionar que ha sido gracias al bloque oficialista que se ha impulsado una verdadera fiscalización de los fondos públicos.
El caso dejó en evidencia que VAMOS no ha estado exento de prácticas que cuestiona en otros, y que su discurso de independencia no se traduce en hechos cuando se trata de recursos asignados. Mientras tanto, Nuevas Ideas ha promovido reformas para transparentar el uso del dinero público y eliminar privilegios que durante décadas beneficiaron a una clase política desconectada de la realidad del pueblo salvadoreño.
