La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Agentes Extranjeros, que plantea, entre otros aspectos, un impuesto del 30 % a las donaciones procedentes del extranjero que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Este nuevo marco jurídico, que tiene carácter especial tras su aval con 57 votos, establece que está sujeta a su cumplimiento “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”.
La iniciativa de ley fue enviada por el Ejecutivo e ingresó a la agenda de la plenaria 56 con modificación de agenda, a través de una solicitud del jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la semana pasada que enviaría al congreso el proyecto de ley, indicando que los recursos a percibir con el impuesto del 30 % servirán para atender, entre otras, las demandas por propiedad de las familias de la Cooperativa El Bosque, en el distrito de Santa Tecla, que fueron estafadas por alcaldes de ARENA y el FMLN, y que temen por la seguridad jurídica de sus inmuebles.
La aprobación de la normativa generó un debate entre diputados de las bancadas de Nuevas Ideas, ARENA y VAMOS. De hecho, los tres legisladores de los partidos de oposición votaron en contra.
El diputado Christian Guevara recordó que en el pasado reciente muchas ONG recibieron fondos públicos sin rendir cuentas, mucho menos transparentar el uso de los recursos.
“Sé que alguien saldrá con el discurso que esto atenta contra la democracia; en Estados Unidos la ley FARA data de 1938 y se hizo con el objeto de evitar que financiamiento extranjero encubierto de periodismo y lobistas interfiriera en la democracia del país”, expresó Guevara.
El artículo 6 de la normativa establece que será creado el “Registro de Agentes Extranjeros como una dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial”, agregando en su artículo 24 que las ONG cuentan con un plazo de 90 días, una vez entre en vigencia la ley, para registrarse.
Al explicar el contenido de la ley, la diputada Suecy Callejas señaló que en El Salvador “no había existido un marco jurídico que regule las actividades que realizan, en nuestro territorio, las personas naturales o jurídicas financiadas por una persona o agente extranjero”.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, recordó que “son transes los que hacían en esta Asamblea” con diversas ONG. “Ahora estamos tomando las cosas bajo los marcos legales”, señaló, refutando el discurso de los diputados de las bancadas de Vamos y ARENA que afirmaron que detrás de la Ley de Agentes Extranjeros está la intención del Gobierno de perseguir a las ONG.
Postura de diputados de oposición
Claudia Ortiz, única diputada del partido VAMOS, sostuvo que esta legislación representa un “debilitamiento para la democracia”, y representa “control y censura propia de gobiernos autoritarios”.
Por su parte, Francisco Lira, diputado de ARENA, dijo que se busca una “mordaza contra quienes señalan los abusos y actos arbitrarios del gobierno”.
