La construcción y reparación de infraestructura social para jóvenes, el fortalecimiento de habilidades laborales y la adquisición de equipo mobiliario e informático entre algunos beneficios que se tendrá con la Ley del Presupuesto 2023, para reorientar $4,408,460.00 a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).
La Comisión de Hacienda conoció la propuesta y emitió un dictamen favorable para hacer las enmiendas de ley.
Antes de eso, los legisladores escucharon los aportes de la subdirectora de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Celia Reyes. Ella expuso que los fondos provienen del Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero entre el Kreditanstalt fúr Wiederaufbau (KfW) y la República de El Salvador.
La funcionaria agregó que, en 2015, fue ratificado el Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero para la construcción, reparación y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos. En ese momento, la entidad ejecutora era el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).
Sin embargo, en 2022, el KfW y el Gobierno salvadoreño suscribieron una modificación del Acuerdo Separado del Contrato de Préstamo y Aporte Financiero y quedó establecido que la DOM asumiría todos los derechos y obligaciones del FISDL, luego de que esta entidad fuera disuelta.
Es por eso que, de ser aprobada la reforma de ley, la DOM tendría las herramientas necesarias para dar continuidad al programa que beneficiará a la juventud.
El dinero se utilizará para desarrollar cuatro componentes. El primero será la construcción y mejoramiento de infraestructura y espacios públicos destinados a jóvenes en centros integrales de Colón y Quezaltepeque, en La Libertad. También en Santiago Nonualco, en La Paz; en Cojutepeque, Cuscatlán, así como en Tecoluca, San Vicente.
Otro porcentaje será para el fortalecimiento de las habilidades laborales de la juventud, a través de la contratación de servicios profesionales de gestores sociales de apoyo para el programa.
Asimismo, los recursos fortalecerán las capacidades de instituciones nacionales ejecutoras, vinculadas al programa, para actividades formativas y educativas: adquisición de mobiliario y equipo informático.
Además, los recursos servirán para la contratación de consultoría de apoyo y monitoreo del programa.
