Ante la ausencia de la Asamblea Legislativa y basándose en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Presidencia de la República decretó 30 días de emergencia nacional.
Los diputados de la Asamblea Legislativa dejaron a la población y gobierno central en incertidumbre jurídica, al no estudiar y analizar la ampliación de una prórroga al Decreto de Emergencia Nacional. A pesar del llamado del presidente de la República, diputados para que se celebrara una Sesión y se estudiara el tema, la Asamblea Legislativa hizo caso omiso.
«Si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida podrá el presidente de la República decretar el Estado de Emergencia, debiendo informar posteriormente al Órgano Legislativo, con base a lo cual el señor presidente la República, a través de decreto ejecutivo, decreta estado de emergencia; por lo tanto se mantiene todos los señalamientos contenidos en el decreto 593, es decir, no se ha tocado una coma con el fin de garantizar, de (no) violentar derechos constitucionales, ya que, así la misma norma lo establece», explicó el secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro.
El funcionario explicó que, con esta declaratoria de emergencia, desde el Ejecutivo, se garantiza que las clases sigan suspendidas, también los pagos de agua, luz, teléfono y cable; asimismo que se mantenga la estabilidad laboral y se mantengan cancelados los espectáculos públicos.
«Se mantienen justo la ley de emergencia como estaba decretada en su totalidad, solo es una réplica a fin de mantener la garantía de los derechos fundamentales de la salud y de la vida de la población; estamos garantizando constitucionalmente a las personas, estamos generando seguridad jurídica», agregó Castro.
