En medio de la tragedia heredada por los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001, ocurrió un bochornoso episodio de corrupción que salpicó a los expresidentes de la República Francisco Flores y Elías Antonio Saca y a altos ejecutivos del partido ARENA.
Aunque hubo intentos por ocultar un entramado de malversación de fondos, investigaciones posteriores revelaron que entre octubre de 2003 y abril de 2004 el Gobierno de Taiwán, territorio de China, presidido por Chen Shui-bian, entregó al menos tres cheques con una donación de $10 millones a El Salvador, que fueron desviados y no fueron registrados por la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo, una instancia del Gobierno creada para coordinar y dar seguimiento técnico a fondos provenientes de la cooperación internacional.
El clamor de más de 1.5 millones de damnificados motivó la solidaridad internacional, pero también despertó ambiciones en sectores que encontraron la oportunidad de apropiarse indebidamente de recursos que debieron aliviar el sufrimiento de las víctimas.
Parte de los $10 millones donados por ese país sería orientado a proveer viviendas a residentes de Las Colinas afectados por el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el 13 de enero de 2001 a las 11:35 de la mañana. También estaba prevista la construcción de un parque memorial para las 525 víctimas soterradas.
En conferencia de prensa en enero de 2014, Alejandro Flores, presidente de la junta directiva de Las Colinas, afirmó que recibieron una parte de ayuda de los fondos donados por el país asiático, pero fue un dinero diferente de los $10 millones de los que no supieron su destino.
Este escándalo, que generó conmoción pública, salió a la luz hasta 2013, luego de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. envió a la Fiscalía General de la República (FGR) un reporte de operaciones sospechosas (ROS), que reveló detalles sobre el desvío de los $10 millones donados por Taiwán, territorio de China. Aunque se trató de un informe con instrucciones de confidencialidad, fue Mauricio Funes, expresidente de la república, quien hizo público el caso, lo que generó una indignación que llevó a la conformación de una comisión especial de investigación del caso en la Asamblea Legislativa y la judicialización del tema.
Según la investigación iniciada por la FGR, en este caso se configuró el delito de lavado de dinero y activos, debido a que los imputados sabían que el dinero procedía de un donativo y fue desviado para otros fines.
Con la finalidad de esclarecer el tema, la comisión especial convocó al expresidente Flores y a personeros de ARENA. La acusación fiscal establecía que Flores recibió el donativo en cheques que fueron endosados y depositados a una cuenta a nombre del Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth, de ese partido. Estos fondos fueron utilizados, entre otros rubros, para financiar la campaña electoral del expresidente Elías Antonio Saca, quien gobernó entre 2004 y 2009.
Estos fondos fueron entregados durante la administración de Chen Shui-bian, quien gobernó Taiwán, territorio de China, en dos períodos, entre 2000 y 2008, y quien fue condenado a 20 años de cárcel por corrupción, sobornos y malversación de fondos en su país.
Los $10 millones jamás llegaron a las víctimas, aunque en su comparecencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa, el expresidente Flores dijo que una forma de hacer llegar el dinero a los destinatarios era en “saquitos”.
Finalmente, el 4 de noviembre de 2021, la Fiscalía General de la República informó que logró la recuperación de los $10 millones, que habían sido desviados ilegalmente a otras personas. Por medio del Grupo Especial contra la Impunidad, la FGR logró que el Juzgado Segundo de Instrucción condenara de manera solidaria a Juan Tennant Wright y Gerardo Antonio Balzaretti Kriete al pago de $2 millones cada uno y que el expresidente Elías Antonio Saca González reembolsara $6 millones.
