Los obstáculos para adoptar las Criptomonedas cada día son más, el FMI parece seguir en su empeño por contener el avance de las criptomonedas tras declarar que estas suponen “riesgos inmediatos y agudos” para mercados emergentes como los existentes en latinoamérica, acusando a las criptodivisas de tener el poder de desestabilizar economías de países en desarrollo.
Después de que El Salvador decidiese aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, el organismo internacional expresó sus preocupaciones acerca de cómo afectaría esto a la protección del consumidor o si aumentaría los pasivos fiscales contingentes.
Una de las razones por las cuales Argentina está más sometida a las presiones del FMI es que es el país latinoamericano que más debe al Fondo. Es por esto que en prensa ya se habla de un “laboratorio anti bitcoin”, al existir un escenario propicio para experimentar con acciones que buscan desalentar el uso de criptomonedas.
El gobierno argentino dependía de que el FMI accediese a refinanciar su deuda de nada más y nada menos que 45 mil millones de USD, lo cual fue aprobado por ley tras el beneplácito de las cámaras del parlamento. No es de extrañar que el país quiera contentar al FMI en su urgencia por aprobar esta ley, más cuando se acercaba la fecha del vencimiento de los pagos. Argentina se encuentra además en una situación delicada por sus antecedentes de incumplimiento de su deuda soberana.
El éxito que ha tenido bitcoin en este país se debe precisamente a la inestabilidad económica que arrastra el país, ya que los ciudadanos buscaban en monedas digitales como bitcoin un valor refugio que les ayudase a huir de la inflación. Esto atrajo a numerosas empresas del sector.
La cláusula del acuerdo parece ser un poco ambigua, por lo que de momento no hay suficiente información como para tener una idea de las repercusiones. Las autoridades no parecen muy dispuestas a responder a las peticiones para tener acceso a información pública que han hecho algunas asociaciones como la ONG Bitcoin Argentina.
Algunas voces de la industria lamentan que no se esté haciendo como en otros países donde se está legislando promoviendo leyes positivas en cuanto al uso de las criptomonedas.
Franco Amati, bitcoiner argentino cofundador de la startup Signatura, critica con dureza estas medidas “se pretende poner como condicionamiento ‘desalentar el uso de criptomonedas’ para prevenir crímenes de pensamiento y hasta la ‘desintermediación’, lo cual solo en la arruinada mente de un burócrata puede tener una connotación negativa”. Añade, además, que sospecha que el FMI procura evitar intentos de financiamiento estatal a través de Bitcoin, como puede ocurrir en El Salvador.
Parece ser que lo único que se conoce hasta ahora es que algunas de las medidas vendrían aplicadas a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya se encarga de detectar e impedir el blanqueo de capitales. Los planes apuntarían a que las empresas del sector tengan que registrarse y reportar las transacciones efectuadas por sus clientes.
La industria espera con impaciencia tener acceso a información más específica sobre regulación lo antes posible para tomar una decisión sobre el rumbo que puede tomar esta situación y cómo puede afectar al mercado nacional de cripto.
