El Salvador registró un crecimiento económico del 2.6 % en 2024, según datos del Banco Mundial. El aumento se da en un contexto de reformas impulsadas desde el Ejecutivo y respaldadas por la Asamblea Legislativa, enfocadas en la estabilidad fiscal, el ordenamiento del gasto público y la atracción de inversión.
Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la recompra de deuda soberana, con el objetivo de reducir presiones financieras a mediano plazo. A esto se suma la aprobación de un presupuesto austero para 2025, en el que se han priorizado áreas como educación, infraestructura y resiliencia climática.
En el ámbito fiscal, se suprimió el financiamiento público para campañas políticas, lo que modifica el uso de fondos del Estado en procesos electorales.
El gobierno también firmó un acuerdo de cooperación en materia penitenciaria con Estados Unidos, lo que fortalece su posicionamiento en temas de seguridad regional. Esta agenda se acompaña de un entorno de mayor control institucional sobre fondos extranjeros: el Primer Órgano de Estado aprobó recientemente un impuesto del treinta por ciento a donaciones internacionales dirigidas a organizaciones no gubernamentales, que entrará en vigor ocho días después de su publicación.
Estas acciones se enmarcan en un proceso de transformación estructural que, según informes multilaterales, ha generado condiciones favorables para la inversión y la estabilidad macroeconómica.
