En respuesta al fraude electoral ocurrido durante las elecciones presidenciales en Venezuela, el secretario de Estado de los Estados Unidos (EEUU), Antony Blinken, anunció la implementación de sanciones y restricciones de visas a individuos cercanos al dictador Nicolás Maduro, como responsables de obstaculizar el proceso democrático y violar los derechos humanos de los venezolanos.
Las sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro, afectan a 16 personas clave vinculadas al régimen de Maduro, incluidos altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN). Entre los sancionados se encuentran los jueces Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gíl Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares y Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ, junto a otros magistrados como Fanny Beatriz Márquez Cordero y Edward Miguel Briceño Cisneros.
.@USTreasury impone sanciones a 16 personas afines a Maduro, incluidos dirigentes del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional afiliada a Maduro. Estos funcionarios impidieron un proceso electoral transparente: https://t.co/kq8DQlQxTW
— USA en Español (@USAenEspanol) September 12, 2024También fueron sancionados miembros del Ministerio Público (MP), entre ellos los fiscales Luis Ernesto Duenez Reyes y Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, así como altos cargos del CNE, como la rectora Rosalba Gíl Pacheco y el secretario Antonio José Meneses Rodríguez. En el ámbito legislativo y militar, las medidas afectaron al primer vicepresidente de la AN, Pedro José Infante Aparicio, al comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Antonio Hernández Lárez, al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Elio Ramón Estrada Paredes, y al comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Capital, Johan Alexander Hernández Lárez.
Por último, se sancionó al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Asdrúbal José Brito Hernández, y al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Miguel Antonio Muñoz Palacios. Estas figuras habrían impedido que se llevara a cabo un proceso electoral transparente, además de haber manipulado los resultados oficiales.
Simultáneamente, el Departamento de Estado implementó nuevas restricciones de visas, en virtud de la Proclama Presidencial 9931, dirigidas a los funcionarios de Maduro responsables de socavar la democracia y llevar a cabo actos de represión contra la oposición.
Hasta la fecha, Estados Unidos ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos y ha identificado cerca de 2.000 personas susceptibles a restricciones de visado por su participación en actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y la desestabilización democrática en el país sudamericano.
Con esta medida Estados Unidos reafirma su compromiso en seguir presionando al régimen de Maduro y en promover la rendición de cuentas por parte de aquellos que atentan contra la democracia en Venezuela.
