Los diputados de la Comisión Política recibieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Quinteros y Fernando Marroquín, para continuar con el estudio de las reformas al Código Penal, a la Ley contra Actos de Terrorismo, a Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y a la Ley Penal Juvenil.
Estas normativas secundarias deben ser homologadas con el artículo 27 de la Constitución de la República que fue modificado, el pasado 17 de marzo, para habilitar la pena de cadena perpetua a quienes cometan los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
El presidente de la comisión, diputado Ernesto Castro, afirmó que ninguno de los cambios a dichas normativas viola ningún tratado internacional, como el del Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De igual manera opinaron los delegados de la CSJ, quienes coincidieron en que no hay ninguna incompatibilidad con las reformas de las cuatro leyes secundarias y la Constitución de la República, porque habrá una regulación con el ordenamiento jurídico.
Los parlamentarios han acompañado la iniciativa del presidente Nayib Bukele de eliminar la prohibición para que se aplique la cadena perpetua en el país en los referidos delitos, por tratarse de ataques graves y definitivos contra la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
Las estadísticas del gabinete de Seguridad indican que, en 2025, se registraron 82 homicidios y 664 violaciones a nivel nacional.
Aportes de magistrados
Entre las opiniones técnicas que les brindó a los legisladores el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, está que la reforma recoge tres delitos de extrema gravedad, entre ellos las violaciones, que afecta a grupos de personas vulnerables, como niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y mujeres.
El funcionario aseguró que este tipo de delitos trunca un proyecto de vida, ya que genera consecuencias, como embarazos o contagios de enfermedades de transmisión sexual.
Su colega, el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Fernando Marroquín, expuso que si se ratifica la cadena perpetua no reñiría con diversos tratados internacionales y convenios.
Además, aseguró que existe una coherencia de las leyes secundarias con la reforma al artículo 27 de la Constitución, debido a que están siendo respetados los lineamientos de los documentos de convivencia social, porque la cadena perpetua tiene el fin de evitar que estos delitos se vuelvan a cometer.
“No hay ninguna incompatibilidad, porque habrá una regulación y coincide con el ordenamiento jurídico”, apuntó Marroquín. “La cadena perpetua aplica con la dignidad del ser humano, porque cada persona condenada será la responsable de su comportamiento para poder tener paso a la reinserción”, finalizó.
