El Congreso de Costa Rica decidió el martes 16 de diciembre de 2025 mantener la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves Robles, luego de rechazar la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantarle el fuero y permitir una investigación penal en su contra por una supuesta intervención indebida en el proceso electoral.
La votación legislativa concluyó con 35 votos a favor y 21 en contra, cifra que no alcanzó los 38 votos requeridos para autorizar el retiro de la inmunidad presidencial. Como resultado, el mandatario conserva el fuero y el proceso no podrá avanzar mientras permanezca en el cargo.
La petición del TSE se enmarca en una investigación por presunta beligerancia política, una conducta prohibida por la legislación costarricense, que impide al presidente y a otros altos funcionarios influir en procesos electorales. De acuerdo con el señalamiento, Chaves habría utilizado actos oficiales y declaraciones públicas para criticar a partidos y dirigentes opositores, así como para promover apoyos políticos de cara a las elecciones generales previstas para el 1 de febrero de 2026.
Con la decisión del Congreso, la investigación queda suspendida hasta que finalice el mandato presidencial, previsto para mayo de 2026. De haberse aprobado el levantamiento del fuero, el TSE habría podido avanzar hacia posibles sanciones contempladas en la normativa electoral, entre ellas la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este no es el primer intento fallido de retirar la inmunidad al presidente. Meses atrás, la Asamblea Legislativa también rechazó una solicitud similar relacionada con una investigación por el presunto uso irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica.
El episodio se produce en un contexto de tensión entre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Congreso, en medio de un escenario político marcado por la cercanía del proceso electoral y el debate sobre los límites de la neutralidad institucional en Costa Rica.
