Con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y permitir que más familias cuenten con un patrimonio, la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial emitió dictamen favorable para crear una mecanismo especial para la Ley Especial para la Transferencia de Inmuebles a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
Esto permitiría al Ministerio de Hacienda transferir dos inmuebles a esta institución para que habitantes de la comunidad Barrio La Aduana, en el distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste, reciban sus títulos de propiedad.
La normativa busca establecer un procedimiento especial para que una vez transferidos los dos inmuebles a FONAVIPO, sean posteriormente legalizados y entregados gratuitamente a las familias de dicha comunidad.
La comunidad Barrio La Aduana está ubicada en un terreno urbano en la intersección de la 1.ª avenida Sur, 3.ª calle Poniente y avenida Osegueda, en Puerto El Triunfo.
Este inmueble, propiedad del Ministerio de Hacienda, tiene una extensión total de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 metros cuadrados están ocupados por las familias.
Asimismo, la comunidad utiliza un segundo terreno, correspondiente a un tramo al final de la avenida Francisco Osegueda, con una extensión de 1,573 metros cuadrados.
Este espacio fue declarado en desuso por la alcaldía en febrero de 2023 y dejó de ser considerado de bien público para facilitar su asignación a la comunidad.
Posteriormente, en julio de 2023, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de ambos inmuebles a FONAVIPO para su posterior entrega a las familias. La decisión fue ratificada en mayo de 2025 para luego dirigir la solicitud al Órgano Legislativo.
El diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Usulután, Ángel Lobos, destacó que al reunirse con habitantes de la comunidad Barrio La Aduana, les expresaron que esperaron décadas para que sus tierras fueran legalizadas, pero ninguna autoridad atendió su solicitud, incluyendo a las antiguas gestiones legislativas.
“Ha llegado ese momento para que tengan esa seguridad jurídica, poseer esas escrituras y heredar a sus hijos y nietos. Son más de 60 familias las que serán beneficiadas», expresó el legislador.
Proceso de legalización de terrenos
De aprobarse la ley, podrán ser beneficiarias las personas o familias que hayan ocupado los terrenos de forma continua durante al menos 10 años y tendrían acceso a programas de apoyo o créditos de FONAVIPO para mejorar sus viviendas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El Ministerio de Hacienda asumiría el pago de las deudas municipales pendientes del inmueble principal hasta la entrada en vigencia de la ley, la cual sería ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
A partir de ese momento, FONAVIPO continuaría con los trámites ante la alcaldía hasta completar la transferencia a las familias.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, en coordinación con FONAVIPO, realizaría un censo de beneficiarios y aprobaría la lotificación de los terrenos.
Dicho ministerio, a través de la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP), también ejecutaría las mediciones, delimitación de lotes y gestiones ante el Centro Nacional de Registros (CNR) para su inscripción.
El proceso de legalización, al ser declarado de interés social, estaría exento de impuestos, derechos registrales y otros costos, facilitando la transferencia de los inmuebles.
Las familias beneficiadas no podrían vender, alquilar ni transferir las propiedades durante un plazo de 20 años, excepto a favor de FONAVIPO para que pueda ser reasignado.
En caso de incumplimiento, el inmueble podría ser recuperado por la institución; no obstante, se permitirá su uso como garantía para mejoras, previa autorización.
Además, sería el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien estaría facultado para firmar, en representación del Estado, la escritura de donación de los inmuebles a favor de FONAVIPO.
