Para fortalecer la infraestructura vial ante inundaciones y proteger a comunidades vulnerables, la Comisión de Hacienda dictaminó a favor de reformar la Ley de Presupuesto de 2026, para incorporar $8.7 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) con los que se realizarán obras en el río Grande de San Miguel.
Los fondos provienen de un préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y serán canalizados a través del MOPT, como parte del “Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”.
El dinero permitirá financiar el proyecto “Rehabilitación de margen y bordas en el río Grande de San Miguel para la recuperación de medios de vida en el cantón La Canoa”, del referido departamento.
El director de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que los $8.7 millones permitirán ejecutar obras clave para mitigar el riesgo de inundaciones en la zona.
Entre estas destacó la construcción de 0.6 kilómetros de bordas, con alturas que oscilan entre 3.5 y 4 metros, utilizando muros de gaviones, así como la implementación de obras de control de erosión en la ribera del río y la reforestación del área intervenida.
Asimismo, los recursos cubrirán estudios y trabajos técnicos como topografía, demolición de estructuras existentes, terracería y la instalación de compuertas metálicas, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y proteger la infraestructura vial.
Recursos para mejorar alimentación, gestión y control en centros penales
Los parlamentarios también dictaminaron a favor de modificar el presupuesto general de 2026 para incorporar otros $1,518,671.87 al MOPT, destinados a financiar tres proyectos.
Los recursos provienen de remanentes de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), originalmente aprobado para el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador”.
Según el documento, estos fondos corresponden a un saldo disponible del préstamo internacional, luego de que el programa original ejecutará más de $54 millones, cumpliendo con sus metas. Posteriormente, el organismo financiero autorizó la reasignación de los recursos restantes al MOPT como entidad ejecutora.
Del monto total de los recursos, se asignarían $470,000 para la construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados a nivel nacional.
Herrera explicó que esta medida pretende fortalecer la producción de alimentos, garantizar la sostenibilidad de estos espacios y contribuir a la reducción del ocio carcelario mediante actividades que favorezcan la rehabilitación de los reclusos.
Para el segundo proyecto se destinarían $970,671.87 con los que se adquirirían e instalarían 776 dispositivos electrónicos de monitoreo. Según el funcionario, estos brazaletes permitirán dar seguimiento a personas privadas de libertad que participan en labores como reparación de infraestructura pública, limpieza de playas y actividades enmarcadas en el Plan Cero Ocio.
Otros $78,000 serían para el fortalecimiento institucional de la unidad ejecutora del MOPT, recursos que cubrirán servicios de consultoría, auditoría y gastos operativos vinculados a la ejecución del programa.
