Los actuales propietarios del certamen Miss Universo, la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip y el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, están bajo investigación internacional tras emitirse órdenes de captura y medidas legales en su contra por presuntos delitos económicos y asociación con redes delictivas. Ambos adquirieron la franquicia con la intención de reposicionar el concurso, pero hoy enfrentan uno de los mayores escándalos corporativos vinculados al mundo del entretenimiento.
En el caso de Anne Jakkaphong, ejecutiva de JKN Global Group, las autoridades de su país la acusan de supuesta manipulación contable, presentación de información financiera falsa y posible participación en lavado de dinero. Se habría detectado la presentación de ingresos inflados y ocultamiento de deudas con el objetivo de mantener el valor bursátil de la empresa tras la adquisición de Miss Universo por aproximadamente 20 millones de dólares. La investigación sugiere que parte del financiamiento podría provenir de estructuras paralelas y transacciones no declaradas, lo que generó un impacto directo en inversionistas y socios comerciales.
Por su parte, Raúl Rocha Cantú enfrenta cargos por presunta participación en una red de delincuencia organizada asociada al tráfico ilegal de hidrocarburos y armas, así como posibles vínculos con grupos criminales. Se investiga si empresas bajo su control habrían sido utilizadas para el transporte y distribución de combustible robado y armamento, supuestamente enviado a organizaciones delictivas en México. Aunque existe una orden de aprehensión en su contra, Rocha se acogió como testigo colaborador ante autoridades federales, lo que ha suspendido provisionalmente su captura mientras aporta información a la investigación.
Las acusaciones contra ambos propietarios han generado una crisis reputacional para Miss Universo a nivel global. Expertos señalan que, de confirmarse los delitos, podrían enfrentarse consecuencias legales que incluirían prisión, inhabilitación empresarial y la posible reestructuración de la administración del certamen internacional. Además, crecen las dudas entre patrocinadores, organizaciones nacionales y comités concursantes respecto al futuro inmediato del evento, considerando el impacto ético y comercial.
La situación coloca bajo escrutinio a una marca históricamente vinculada al empoderamiento y la imagen internacional. Actualmente, se espera que las autoridades actualicen los avances de ambas investigaciones y definan si los propietarios continuarán al frente del certamen. Mientras tanto, el caso revela un conflicto entre la proyección pública del concurso y los graves señalamientos legales que enfrentan quienes lo dirigen.
