La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles, liderado por el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) habilita nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región. La designación, que entra en vigor este lunes, coloca a la estructura venezolana en la misma categoría legal que grupos internacionales responsables de generar violencia y desestabilización. El Departamento de Estado obtiene así facultades ampliadas para imponer sanciones, congelar activos y proceder judicialmente contra cualquier persona o entidad que colabore con la organización.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el Cartel de los Soles “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y reiteró que Washington considera a Maduro como líder del esquema criminal. Aunque la dictadura venezolana rechaza las acusaciones y asegura que no existen pruebas públicas que la vinculen con redes de narcotráfico, la designación refuerza el marco legal que ya pesaba sobre altos funcionarios por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la viabilidad de acciones más agresivas en su contra.
Mayor presión sobre aliados y nuevos escenarios militares
Además de las sanciones vigentes —como el embargo petrolero y los bloqueos financieros—, el nuevo estatus permite incrementar la presión sobre bancos, empresas, gobiernos e individuos relacionados con el régimen venezolano. Cualquier apoyo hacia el grupo podrá ser perseguido penalmente bajo leyes antiterroristas estadounidenses. Analistas consultados por agencias internacionales aseguran que esta medida “abre nuevas opciones” para Washington, especialmente en el ámbito militar.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó la decisión como un paso que proporciona “toda una gama de alternativas legales”. Aunque la legislación FTO no contempla explícitamente intervenciones armadas, podría servir como justificación para operaciones selectivas sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas.
Actualmente, Estados Unidos mantiene la mayor presencia militar en el Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de su flota, lidera una operación con más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos para combatir organizaciones de narcotráfico. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han hundido al menos 21 embarcaciones sospechosas y se reportan más de 80 muertes.
Impacto económico y político para Caracas
Economistas citados por AFP sostienen que la designación podría endurecer el embargo vigente y obligar a Venezuela a vender petróleo con fuerte descuento, exacerbando la crisis económica marcada por la hiperinflación y restricciones para ingresar al mercado internacional. A nivel político, especialistas como el profesor Alexis Alzuru consideran remotas las perspectivas de una negociación entre Washington y Caracas mientras no haya fractura interna.
Nicolás Maduro ha minimizado la decisión y afirma que no se dejará “intimidar” por acciones extranjeras, mientras continúa participando en actos públicos y mostrando el supuesto respaldo de altos mandos militares. Estados Unidos, que recientemente duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, admite que la presión podría preceder a un eventual diálogo, dependiendo de cómo evolucionen los intereses estratégicos estadounidenses.
Lo que viene
La designación como organización terrorista extranjera no anticipa un ataque inmediato, pero sí eleva los riesgos y costos para cualquier transacción o vínculo con Caracas. Washington podrá bloquear propiedades, perseguir recursos y fortalecer la cooperación con países aliados para restringir el margen de acción del régimen venezolano. La medida también complica la posición de Maduro en el escenario internacional y presiona a terceros actores interesados en negocios, inversiones o gestiones diplomáticas.
