El Viceministerio de Transporte (VMT) ha emitido una alerta sobre la circulación de licencias de conducir falsificadas en el país. Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, «los gestores tienen un dispositivo con el cual pueden corroborar si esa licencia está vigente y si el código es real», lo que facilita la identificación de documentos fraudulentos.
El ministro también señaló que «es complicado determinar cuántas licencias falsas hay en el país», aunque los controles vehiculares implementados en las principales autopistas del país ayudan a detectar y verificar la autenticidad de las licencias durante los operativos de tránsito. En El Salvador, actualmente hay 1.4 millones de personas con licencia de conducir.
Rodríguez también destacó que, a pesar de los esfuerzos del VMT, el reto de combatir la circulación de licencias falsas continúa debido a la sofisticación de los métodos utilizados para falsificarlas. El VMT y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen una capacitación constante para mejorar la identificación de estos documentos fraudulentos.
El ministro subrayó que las consecuencias legales para quienes posean, elaboren o distribuyan licencias falsas son graves. «Estaríamos hablando de una pena de prisión de 3 a 6 años», afirmó Rodríguez, refiriéndose al delito de falsedad material. Además, advirtió que quienes adquieran y utilicen licencias falsas con pleno conocimiento de su falsedad pueden ser procesados penalmente y enfrentarse a penas de hasta 5 años de cárcel, según lo estipulado en el artículo 286 del Código Penal.
Los abogados especializados en derecho penal, como Alberto Machado, señalaron que este tipo de delitos está penalizado con severidad, tanto para quienes fabriquen los documentos como para aquellos que los utilicen. «El uso de una licencia falsa con pleno conocimiento de su falsedad implica una violación grave de la ley», indicó Machado.
El VMT continúa con sus esfuerzos de control y monitoreo para asegurar la circulación de licencias auténticas y para reducir los riesgos de fraude en los procesos de verificación de los conductores.
