El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha girado órdenes de captura y difusión roja contra Paolo Lüers, Arístides Valencia y Wilson Alvarado Alemán, señalados de haber participado en la tregua entre pandillas, un pacto impulsado entre 2011 y 2012 durante el gobierno del FMLN.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los implicados de haber negociado con grupos terroristas a cambio de apoyo político, especialmente para las elecciones presidenciales de 2014.
Entre los procesados también se encuentran el exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, y el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Este último ya cumple prisión preventiva por otros delitos relacionados con negociaciones ilícitas con pandillas durante su gestión.
¿Qué fue la tregua y cómo impactó al país?
La tregua entre pandillas, promovida como una estrategia para reducir los homicidios, consistió en un acuerdo entre las pandillas MS-13 y Barrio 18, mediado por funcionarios y terceros como Paolo Lüers. Según las investigaciones, los cabecillas recibieron beneficios como traslados a cárceles de menor seguridad, ingreso de bienes ilícitos, e incluso dinero, a cambio de garantizar una supuesta «paz social» y apoyo electoral al FMLN.
Aunque durante la tregua se reportó una disminución en los homicidios, el acuerdo permitió a las pandillas reorganizarse, incrementar su poder territorial y extender su influencia en comunidades vulnerables. Además, dejó a las instituciones estatales comprometidas con redes criminales, afectando la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Las acusaciones y el contexto político
La FGR sostiene que la tregua fue utilizada como una herramienta electoral para mantener al FMLN en el poder, en particular en las elecciones presidenciales de 2014, donde Salvador Sánchez Cerén resultó electo. Documentos y testimonios revelan que altos funcionarios, como Arístides Valencia y Benito Lara, jugaron un rol activo en estas negociaciones. Ernesto Muyshondt, quien en ese momento era parte de la oposición, también habría participado, estableciendo acuerdos similares para garantizar apoyo político en su ámbito local.
Búsqueda de justicia
La emisión de órdenes de captura y difusión roja representa un esfuerzo por responsabilizar a los involucrados en uno de los episodios más controversiales de la política salvadoreña. Paolo Lüers, conocido por haber actuado como mediador en el proceso, ha negado las acusaciones y actualmente se encuentra prófugo.
Este caso subraya el impacto devastador de la complicidad entre funcionarios públicos y estructuras criminales, y reitera la importancia de mantener la lucha contra la impunidad en El Salvador. La sociedad sigue demandando respuestas claras y justicia para las víctimas de las políticas erráticas que marcaron esos años.
