Este jueves, en el Tribunal Cuarto de Sentencia, se desarrolla el tercer día del juicio contra ocho imputados acusados de lavado de dinero y activos, entre ellos la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca.
Durante la exposición de la pericia financiera se conoció, cómo Grupo Samix creció de forma “desproporcionada” con el arribo de Elías Antonio Saca a la presidencia de la República en junio 2004.
Antes de 2004, las empresas de Saca y de su esposa tenían ingresos anuales de $100,000, pero luego de que asumiera la Presidencia de la República, estas empresas comenzaron a tener ingresos millonarios anuales.
“El grupo Samix eran sociedades que de acuerdo a lo que establecieron los peritos ganaban 100,000 dólares, un poco más un poco menos, de carácter anual entre todas las empresas en el año 2003”, dijo un fiscal del caso.
Agregó que, “exactamente a partir de 2004 cuando comienza el hecho delictivo, estas sociedades dejaron de ser sociedades que iban pasando de una manera normal, pero ascendieron en su patrimonio de forma sustancial al punto de que comienzan a ganar un millón, dos millones hasta llegar a nueve millones una sola de las sociedades que era Promotora de Comunicaciones y así todas las sociedades que crecieron de una manera sustancial”.
A la vez, detalló la manera de cómo los fondos sustraídos de las cuentas de la Presidencia de la República: se transferían a través de cheques a favor de algunas sociedades que intervienen en el lavado de dinero y estas sociedades emitían después cheques a la sociedad del grupo Samix y de otros imputados.
Para el fiscal del caso, las pruebas periciales, documentales y testimoniales con la que cuenta la Fiscalía, demuestran que Ana Ligia de Saca actuó con conocimiento y con voluntad, contrario a lo que argumenta la defensa de ella.
La defensa de los acusados ha ofrecido el testimonio del condenado Elías Antonio Saca, el cual ya fue admitido por el juzgado Séptimo de Instrucción en la audiencia preliminar. Extraoficialmente se conoció que Saca admitirá la responsabilidad del saqueo al erario público para librar de cargos a su esposa.
Según se ha conocido anteriormente, la Fiscalía acusa a la exprimera dama de haber ayudado a legitimar en el mercado financiera aproximadamente $17.3 millones del total de $301 millones tomados de fondos públicos a manos de una red liderada por su esposo.
